Indicadores sociales alarmantes. Caída del poder adquisitivo. Ajuste en las cuentas públicas. La Argentina atraviesa un nuevo ciclo de crisis económica, en pleno recambio de autoridades en los ámbitos nacional y local. Y un dato en las finanzas provinciales remite precisamente a un período icónico en la historia del país.

El proyecto de ley del Presupuesto General de la Administración Pública para el ejercicio 2024, ahora bajo tratamiento de la comisión de Hacienda de la Legislatura, prevé por primera vez una reducción en la planta permanente del personal de la Provincia desde 2001.

La iniciativa girada por el gobernador Osvaldo Jaldo a la Cámara provincial fijó un total de 98.551 cargos en el ámbito del Estado. Esta cifra incluye todas las reparticiones que forman parte del organigrama de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero no se contabilizan los empleados transitorios, los contratados ni los trabajadores de los 19 municipios (que cuentan con presupuestos propios y autonomía financiera).

Tomando en cuenta el Presupuesto 2023 -el último de la gestión manzurista-, que había autorizado hasta 99.934 cargos, de aprobarse el proyecto del jaldismo se “ajustarán” en total 1.383 cargos en la planta permanente de la Provincia.

Si bien la reducción representa un 1,38% del total, hay que remontarse a más de dos décadas para encontrar una disminución en estos números.

El último antecedente se registró con la aprobación del Presupuesto 2002, el primero que siguió a la crisis de 2001, cuando la planta permanente pasó de 43.423 cargos a 43.280 (sólo el 0,33% menos). Sin embargo, a partir de entonces estos números se incrementaron sucesivamente de manera anual, con un pico del 15,75% con la sanción del Presupuesto 2012.

En cuatro décadas

El Presupuesto de la Provincia para 1984, sancionado en octubre de ese año -con el ejercicio en curso-, estableció que la planta permanente no podía superar los 31.630 agentes. Por aquel entonces, la “ley madre” de las finanzas públicas incluía también un tope para los puestos temporarios: 2.581 empleados.

Durante las dos décadas siguientes, la cifra de empleados públicos en el ámbito provincial creció un 37,86%, y llegó a 43.606 puestos con la aprobación del Presupuesto 2004.

Este porcentaje se incrementó en un 113,3% durante los 20 años siguientes -período que incluye el alperovichismo y el manzurismo-, cuando el cálculo de gastos y recursos de la Provincia incorporó nuevos 54.945 a la planta permanente de la Administración Pública. Así, se alcanzaron los 99.934 cargos en 2023, que serán reducidos a 98.551 en 2024.

El economista Eduardo Robinson, ante una consulta de LA GACETA, puso el foco “en la eficiencia” por sobre los números, y explicó que la cuestión “no pasa tanto por la cantidad de personas en sí, sino por la calidad de prestaciones de los servicios” que brinda el Estado. “Para eso se pagan impuestos y existe esta Administración Pública provincial”, sostuvo.

Robinson analizó en paralelo otro aspecto relacionado a las iniciativas que determinan el presupuesto anual. “En general, hemos advertido u observado en los últimos años la carencia de información en el proyecto de ley que se envía a la Legislatura. Es un texto que carece de las explicaciones necesarias para poder fundamentar tanto los gastos como los recursos del Estado”, señaló el consultor.

En otras provincias del país, según el economista, los cálculos financieros cuentan con fundamentos “más elaborados, con mayor capacidad de poder explicar hacia dónde se orienta el gasto”. En Tucumán, en cambio, es complicado efectuar estas valoraciones, apuntó. “Más allá de los números del personal, en general no se sabe exactamente en qué se basa”, sostuvo. En esa línea, indicó que un parámetro posible es el crecimiento de la población, dado que la planta estatal debería estar relacionada con las necesidades de personal en las distintas áreas, como salud y seguridad.

Robinson diferenció luego la distribución de recursos para gastos de capital (por ejemplo, para compra de bienes de uso y la ejecución de obras) y para gastos corrientes (incluye partidas para personal, subsidios y bienes de consumo).

“Lo que uno puede observar en los últimos 20 años en Tucumán es que el gasto corriente de la provincia representa aproximadamente un 95% del gasto total; y a su vez, el gasto en personal representa más del 90% de ese gasto corriente”, destacó. Con ello, remarcó el economista, quedan pocos recursos para rubros como infraestructura, como redes de caminos terciarios o diques.

Sin datos oficiales

Las leyes que establecen el Presupuesto de la Provincia para los ejercicios anuales consignan cifras globales en cuanto al personal, y ni siquiera el “desagregado” -donde se detallan las partidas de erogaciones de cada repartición- consigna cuántos agentes se asignan a las distintas áreas del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.

Al defender los sucesivos proyectos remitidos por la Casa de Gobierno, en la bancada oficialista de la Legislatura reiteraron en distintas ocasiones el argumento de que el incremento en la planta permanente estuvo vinculado a dos razones.

Por un lado, se consignó que en las últimas décadas se reforzaron los servicios a cargo del Estado en rubros como educación, salud y seguridad, y que para ello fue necesario incorporar más trabajadores.

Por otra parte, se aludió a trabajadores que venían desempeñándose como transitorios, y que ya cumplían con los requisitos para ser titularizados en el Estado, sin que ello implicara más gastos para el erario.

Al igual que sucede con los temporarios, no hay cifras oficiales referidas al personal contratado por la Provincia. Este tipo de relación laboral se observa especialmente en algunos organismos del Poder Ejecutivo y en las comunas rurales del interior, así como en los cuerpos de asesores de los legisladores y en los empleados de “bloque” de la Legislatura.

De todos modos, algunos números extraoficiales ofrecen referencias sobre el alcance de estas designaciones. Un ejemplo en el PE es la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), creada por el ex gobernador Juan Manzur bajo el argumento de contener a personas desempleadas producto de la pandemia, y derogada el mes pasado por Jaldo en el marco de las acciones de reducción de gasto. Según estimaciones, había entre 7.000 y 8.000 beneficiarios de este programa dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

La renovación del cuerpo parlamentario también puso sobre debate la cantidad de cargos políticos en la sede de Muñecas al 900. Con la finalización de los mandatos de la anterior composición se les dio de baja a miles de agentes, quienes percibieron sus haberes hasta fines de octubre.

Tampoco se conocen los registros del personal de los municipios -que cuentan con presupuestos propios- ni de las comunas rurales -cuyas finanzas están sujetas a las disposiciones del Poder Ejecutivo-, por lo que, más allá de las estimaciones, no hay certezas respecto a la cifra total del empleo público en Tucumán.